Por SERGIO FARELLA y DÉBORA REY
BUENOS AIRES (AP) — Un juez argentino acusó formalmente al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, a otros exfuncionarios y a empresarios de droguerías por el cobro de sobornos y fraude al Estado, entre otros delitos, en el marco de una causa por irregularidades en la compra de medicamentos para discapacitados. La medida representa el primer avance concreto de la justicia contra el gobierno del ultraliberal Javier Milei por corrupción.
El juez federal Sebastián Casanello procesó el lunes sin prisión preventiva a Diego Spagnuolo por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, cohecho pasivo (recibir sobornos) y asociación ilícita en calidad de jefe, según la resolución a la que tuvo acceso The Associated Press.
“Además de haber colocado en puestos claves a personas que respondían a intereses ajenos a la administración —los de la organización delictiva—, (Spagnuolo) articuló y supervisó el direccionamiento de las compulsas de precios en beneficio de determinadas droguerías a cambio de sobornos”, determinó Casanello.
Spagnuolo, quien fue abogado de Milei antes de que éste asumiera la presidencia a fines de 2023, se desempeñaba al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad hasta que en agosto fue desplazado del cargo tras la difusión en medios periodísticos de audios en los que aludía al pago de sobornos a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, como paso previo para autorizar la adquisición de medicinas.
“A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, se escucha en uno de los mensajes del exfuncionario sobre la hermana del mandatario.
Tras salir a la luz los audios Milei removió a Spagnuolo y ordenó la intervención de la dependencia oficial. El mandatario ha negado en reiteradas ocasiones que su hermana esté implicada y apuntó a una “utilización política” del caso por parte de la oposición.
Si bien Karina Milei no está imputada en la causa, el caso representó una mancha para un gobierno que llegó al poder con la promesa de poner fin a los negociados de la política tradicional. Además estalló en el marco de los fuertes recortes que dispuso el mandatario ultraliberal en el área de discapacidad.
En su fallo, Casanello advirtió que el esquema de corrupción “no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.
Además de Spagnuolo, el juez acusó formalmente a Daniel Garbellini y Pablo Atchabahian, subalternos de Spagnuolo en la agencia de discapacidad; a Miguel Ángel Calvete, un lobista que oficiaba de nexo entre la dependencia oficial y las droguerías, y a otros 17 imputados.
“La organización estuvo abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal en detrimento del erario público y en particular de la población con discapacidad y especialmente vulnerable”, expresó el magistrado en su fallo.
Según el juez, “la maniobra se completó con pagos indebidos a determinados funcionarios públicos de ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), como contraprestación a que se digitaran —en favor de intereses particulares ajenos a los de la administración— las contrataciones y se garantizaran agilidad y prioridad en el cobro”.
Dos de las droguerías involucradas resultaron beneficiarias de estas licitaciones irregulares por un monto superior a los 30.000 millones de pesos (equivalentes a unos 21 millones de dólares), según estimaciones de la justicia.
En noviembre pasado cuando fue citado a declarar, Spagnuolo negó los cargos.
Si bien los acusados seguirán el proceso en libertad, Casanello dispuso un embargo sobre sus bienes y la prohibición de salida del país.
